La seguridad alimentaria consiste en poder acceder a alimentos sanos, nutritivos e inocuos. De esta forma, se satisfacen nuestras necesidades alimenticias y nutricionales, mediante factores económicos y sociales para, finalmente, alcanzar una vida sana y saludable. Una de las condiciones de la seguridad alimentaria es la accesibilidad económica que se hace posible cuando las personas tienen acceso a los alimentos y a una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el grupo de productos a los que uno puede acceder mediante acuerdos políticos, sociales y económicos. Cuando las personas no tienen la suficiente economía para acceder a una buena alimentación, no tienen seguridad alimentaria. Cerca de dos millones de personas padecen hambre en el Perú (FAO, 2017). Por lo tanto, están expuestos a padecer hambre y sufrir enfermedades que afecten su desarrollo físico y mental. Esto influye en el retraso del país, ya que no contamos con ciudadanos fuertes y capaces de contribuir al desarrollo.     Entonces tanto la mala gestión del Estado y la pobreza son los causantes de la mala alimentación.

 

Es así que uno de los grandes problemas en la zona rural es la falta de titulación de tierras en las zonas campesinas y nativas. Esto los expone a que sus tierras, que les sirven para el sostén de su familia sean concedidas a empresas mineras, forestales o petroleras. El 16% de las comunidades campesinas, el 27.8% y el 6.5% no están inscritas ni tituladas (Minagri, 2013). Esto genera vulnerabilidad en cuanto posesión de tierras. Las prácticas productivas son la principal fuente para la adquisición de alimentos e ingresos económicos en las familias de zonas rurales. Según los censos realizados en 1961, 1972, 1994 y 2012, el número de unidades agropecuarias ha aumentado,  pero el número de hectáreas por unidades agropecuarias ha disminuido (Mena, 2010). Dichos resultados afectan directamente a la seguridad alimentaria de las familias en zonas rurales, pues los espacios de producción son menores. En consecuencia, existen escasos ingresos económicos en zonas rurales: un asalariado en la zona urbana gana 1189.9 soles; en cambio, 577 soles gana en la zona rural. El primero supera al segundo en más del 100%. Entonces, la pobreza tiene como consecuencia la inseguridad alimentaria que se evidencia en cuatro departamentos,  tres se encuentran en la sierra y parte de la selva del Perú, Huancavelica 0.982, Huánuco 0.841, Amazonas 0.828 y Puno 0.806 (Ottone, 2013).

 

Sin embargo, el Estado ha intentado revertir las situaciones de vulnerabilidad descrita, la cual produce la desnutrición infantil, mediante los programas sociales; sin embargo, estos son de carácter asistencialista, los cuales consisten en entregar alimentos, como es el caso del desaparecido Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA (Ottone,2013). No obstante, no solo se trata de dar alimentos como lo hacen estos programas, sino de lograr que las familias tengan acceso a una canasta básica familiar. Por esta razón, es importante que el Estado se responsabilice de invertir en la actividad productiva; de lo contrario, las familias obtienen ingresos por debajo de la remuneración mínima. La mayoría de proyectos y programas que se han implementado no se han diseñado al amparo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2004-2015, lo que demuestra el escaso compromiso institucional para implementar las políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Actualmente el costo de la canasta familiar ha ido en aumento. Esto se debe a un incremento de los precios que incluye a los combustibles, como el gas y la electricidad; adicionalmente se elevan los productos de primera necesidad como el trigo, harina, soya, arroz y los agrícolas. Es por ello que el gobierno actual ha aumentado la remuneración mínima de 650 a 750, pero esto no beneficia a la mayoría de las familias, porque no perciben este aumento, ya que sus ingresos dependen de la actividad productiva a la que se dedican. Es así que no pueden acceder a una canasta básica familiar.

 

En conclusión, una gestión ineficiente del Estado más la falta de recursos económicos derivan en una mala alimentación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclamó en 1996 que las personas deben tener un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo la alimentación, puesto que es el derecho fundamental de toda persona. En este texto, hemos visto como estos factores, económico y gestión del Estado, en conjunto, pueden contribuir a revertir el problema de la mala alimentación. En mi ciudad natal, Cusco, he tenido contacto directo con niños de escasos recursos que estudian en escuelas públicas afiliadas con programas asistencialistas como Qali Warma. Este tipo de programas consisten en darles refrigerio; sin embargo, me parece una medida insuficiente, puesto que muchos de ellos son de zonas rurales que vienen a establecerse en la ciudad, ya que sus padres buscan una mejora en su condición económica para poder satisfacer las necesidades básicas de sus hijos; una de ellas, la alimentación. En este ejemplo se ve la importancia de mejorar las condiciones económicas mediante una buena gestión del Estado.